Del ecocidio

El delito contra la naturaleza, perseguible a escala internacional, está cada vez más cerca de ser tipificado. Philippe Sands (Londres, 1960), franco-británico, autor de Calle Este Oeste y Ruta de escape, ha sido uno de los juristas que más ha influido para que los crímenes contra la humanidad sean juzgados, está trabajando sobre el tipo penal del ecocidio para que éste sea objeto de persecución por el Tribunal Internacional de Justicia https://www.matrixlaw.co.uk/member/philippe-sands/).

Hace unas semanas Pilita Clark escribía en el Financial Times (25 de junio) que, de prosperar esta iniciativa legal internacional, podríamos imaginar en un futuro a Bolsonaro o al director ejecutivo de Exxon en el banquillo. Ya estamos atrasados pues la temperatura del planeta aumenta un 0,25º por década y los desastres climáticos se acumulan.

Sin esperar a esta casi utopía, en España hemos de ceñirnos a nuestro Código Penal, cuyo Título XVI trata de los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, con dos capítulos importantes, el III, que trata de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y el IV, sobre los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Aunque la Constitución consagra la protección del medio ambiente y permite las sanciones penales, la tipificación actual es insuficiente para lo que está en juego, la naturaleza (tierra, paisaje, agua, aire) amenazada. La causalidad subjetiva para poder incriminar a un autor, sea persona jurídica o física, requiere el dolo o la culpa. Como muchos son delitos de riesgo con un hipotético resultado dañoso resultan, por ello, difíciles de calificar judicialmente.

Además, tal y como están redactados, tiene que haber una conducta expresa contra una norma jurídica existente. Es decir, la omisión o la falta de cuidado no son contemplados. Además, son delitos en los que la causa-efecto, la prueba y, por tanto, la imputabilidad, son a menudo imposibles de llevar a cabo; piénsese en los incendios forestales provocados cuyos autores, por dolo o negligencia, nunca son encontrados, escapan de toda responsabilidad.

Incluir tipos penales a veces parece más un reclamo propagandista cuando no hay medios para hacer cumplir la ley o no se pone el esfuerzo debido por las administraciones locales ni autonómicas.

Localizar e identificar a los infractores, del proceso y las pruebas técnicas del dolo o culpa, la ejecución de la sentencia, suelen ser muy complejos. Los agravantes de ejercer un cargo público (alcaldes que permiten esos delitos), ingenieros o arquitectos que asesoran a las empresas que los cometen, son también de una gran complejidad, y la línea conductora entre el acto y el autor, difíciles de escudriñar. Si observamos la vida real, comprobamos que hay poco castigo efectivo para los delincuentes. Véase, si no, el maltrato de perros, que prácticamente queda siempre impune. Los ayuntamientos -aunque pletóricos de funcionarios fijos e interinos- no disponen de policía rural y todo se delega en el SEPRONA, la única institución seria en la materia. Falta, en general, más guardería rural y de aguas.

Además, tipificar un delito debe incluir la omisión, la carencia de acción o tolerancia con el que lo perpetra. Y en este campo, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tendrían mucho a lo que responder, sea por talas, por ocupación de dominio público, por edificaciones ilegales y atentatorias contra la naturaleza y el paisaje, etcétera. Lo vemos a diario en la prensa, con licencias de construcción en lugares protegidos, con ecomonstruos autorizados por los respectivos alcaldes (Algarrobico, Playa de los Genoveses, Moncofa, el engendro aberrante de Marina D’Or, por citar sólo cuatro entre los miles de ejemplos de la destrucción de las costas españolas a manos de alcaldes y constructores sin gusto ni sentido común).

La ejecución de las sentencias es muy problemática. Por eso, muchos constructores o infractores prefieren el hecho consumado a sabiendas que ningún alcalde ejecutará la decisión administrativa, sea contaminación, atentado al paisaje, construcción ilegal.

Los estudios de impacto teóricamente obligatorios de las obras que se acometen suelen ser una mera coartada pues se encargan a consultoras pagadas por la propia empresa actuante. En muchos casos, son de mero trámite, como en las talas. Como muestra, los destrozos causados en la A-317 de la Sierra de Segura, como muestran las fotografías, la segunda con la devastación masiva que ha provocado erosión y ha destruido el árbol que dejaron de muestra, un humilde chaparro, que ya se ha secado. Un ecocidio más.

España es uno de los países donde los ecocidios han sido y son perpetrados con la mayor impunidad, a pesar de ser precisamente uno de los países europeos más amenazado de desertización. Por eso, sorprende que las normas penales no sean más extensas y están mejor tipificadas. Y los estudios sobre erosión, pérdida de masa vegetal y daños en los acuíferos son inaccesibles y ocultos al gran público, o ni siquiera existen.

Hay una total asimetría entre la enorme capacidad de destruir y los mecanismos sociales, jurídicos y administrativos para evitar los atentados a la naturaleza, para castigarlos y repararlos, si es que pueden ser reversibles. En muchos casos son irreversibles como los daños en muchas costas, como los acuíferos agotados, la desertificación y muchos fuegos forestales donde apenas si se repuebla, como sucede en Andalucía).

Tres carencias mayores aparecen en esta materia:

  1. La información pública, computerizada, estadística, inteligible y fiable de los procesos naturales ya evocados con su complejidad y su interrelación, como los acuíferos, la masa vegetal, la calidad del aire, del mar, etcétera. En España se da la paradoja de que sabemos más de las encuestas del CIS sobre los partidos que sobre la situación de la naturaleza.
  2. La impotencia ciudadana ante la falta de medios eficaces, rápidos, claros y accesibles para denunciar y detener los atentados contra la naturaleza y el paisaje. Pública ha de ser la acción, sin más cortapisas que la veracidad y la buena fe, pues público es el daño que se causa con los atentados contra la naturaleza.
  3. La poca sensibilidad de los partidos políticos y las autoridades locales y autonómicas ante los riesgos de destrucción del medio natural, que sólo quedan en manos de las ONGs, habitualmente consideradas por las Administraciones de todos los partidos como los aguafiestas, como personas non gratas.

La sociedad civil, los ciudadanos, nos sentimos desorientados en cómo, ante quién denunciar. La acción civil es prácticamente nula tal y como está establecida y regulada en nuestro Derecho administrativo. A menudo, el posible denunciante tiene incluso miedo de las represalias de los autores, empresarios, constructores y de que, si no puede proveerse de pruebas técnicas, la autoridad administrativa y/o judicial pueda incluso actuar contra él.

Sufrimos de una gran impotencia ante los ecocidios y otros atentados contra el medio natural. Las ONG son un instrumento ciertamente útil y necesario que deberían ser. atendidos por los poderes públicos. Ni el Estado ni las Comunidades Autónomas hacen lo suficiente y menos aún los ayuntamientos. Lamentablemente, la autonomía local, desde 1978, en la que teníamos tantas esperanzas, no ha logrado, antes al contrario, frenar la especulación inmobiliaria y el mal gusto.

Conocemos la naturaleza y no hay excusa de ignorancia del daño perpetrado, de la injerencia dañosa de los humanos en el paisaje, el agua, el aire, los bosques, los mares. Es hora de pasar de las declaraciones y acuerdos que quedan mucho en el papel, actuar y por lo menos aplicar las normas existentes.

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Más velocidad, más vehículos: en la Sierra de Segura ( Jaén) vamos al revés del mundo

La reforma de diez kilómetros de la carretera A 317, de la Junta de Andalucía, nos va a salir muy cara, en dinero, en árboles y en paisaje.

El precio, según los carteles, es de más de dos millones doscientos ochenta mil euros, 2.280.458,89 €. (Lo de los 89 céntimos es muy importante, da como sensación de honestidad y rigor). Cada kilómetro de carretera nos va a salir a más de doscientos veinte mil euros, 228.000€.

Y encima parece que está cofinanciado por la Unión Europea.

Pero el coste ambiental, no medido, y menos aún declarado, es mucho más alto. Han perpetrado una innecesaria tala masiva de los chopos y demás árboles (espinos, fresnos) de la desaparecida curva del Batán, y han dejado un terraplén yermo, machacado, sin una sola planta.

El propósito de esta reforma era y es:

“Para lograr una mejora de las condiciones de capacidad y velocidad del recorrido se incluyen medidas como la construcción de un nuevo puente, mejoras de trazado, sección y firme”. Esto decía la Delegada Provincial de Medio Ambiente de Jaén, el 12 de mayo de 2008.

Respondía así a mi carta en la que le mostraba mi inquietud porque la carretera A 317 fuera a ser reformada, pedía que hubiera arcenes para andar o ir en bicicleta y me quejaba de la suciedad de las cunetas. Por fin, criticaba la falta total de control de velocidad en una zona protegida como es el Parque Natural de las Sierras de Segura, Cazorla y Las Villas.

Es decir, la Delegada contestaba todo lo contrario de lo que se pedía: se iba a aumentar la capacidad y la velocidad. El medio ambiente, la naturaleza, no importaba. Y en las cunetas «los residuos son muy escasos en sus márgenes».

Así se ha hecho este año de 2019 y ya se puede ir mucho más deprisa (entre otras cosas porque no hay control alguno, es una carretera sin ley) y los automóviles y motos van a la velocidad que les da la gana. Algunos motoristas, los fines de semana, incluso echan carreras en las rectas, ahora con ese firme mucho mejor para superar los 120 kms por hora. Las profusas y ubicuas señales -otro negocio, éste de tanta señal- se las saltan impunemente todos los vehículos. Además de la contaminación de humos, ahora tenemos la sonora. Todo sea por el Parque Natural.

Nadie, evidentemente, ha echado las cuentas de cuánto CO2 se emite, ni del que se ha emitido con los masivos movimientos de tierras y maquinaria. Pero debe ser muy alto porque sabemos que sólo tender un metro cuadrado de hormigón emite 27 kgs de CO2 y que necesita para elaborarse 70 litros de agua. Pero como no lo medimos, nos quedamos tranquilos.

Las televisiones y la prensa nos hablan de la deforestación masiva de la Amazonia, de las 110.000 hectáreas de bosque muerto en Alemania en 2019, del incendio de Gran Canaria, por la sequía y las altas temperaturas. Pero no pasa nada, en esta tierra de Jaén, imperturbables, los alcaldes parecen encantados con la nueva carretera que permite “más capacidad y más velocidad”.

Vamos al revés de la historia. No sabemos si la lejana, inaccesible, invisible y pródiga Unión Europea, dirá algo por este atentado ecológico, despilfarro de energía y estupro del paisaje, aunque el escrito arriba citado, terminaba así:

“El hecho claro de la necesidad de mejora debe ir acompañado de toda clase de medidas que adecuen esta carretera al entorno protegido que atraviesa, y minimicen o corrijan los daños de su ejecución (integración paisajística, protección de los valores naturales y culturales, restauración de la cubierta vegetal y del antiguo trazado, etc).”

No entendemos muy bien a qué valores culturales se refiere, lo que sí parece es que hablar de cubierta vegetal significa que habría que volver a plantar los árboles arrasados, que podrían haber sido salvados porque no se entiende por qué ni para qué cortaron tantos. Así, los contratistas ganan dos veces, una, cortándolos, otra, replantándolos. Recordemos que la tala de árboles ha sido históricamente un arma de guerra para vencer, someter y sojuzgar pueblos y civilizaciones. Así nos sojuzga la ínclita Junta de Andalucía.

Antes era una tupida chopera

(P.S.- Se pregunta, en fin, quien esto escribe si las cervezas SKOL patrocinan la carretera, pues los operarios han dejado por doquier latas de SKOL tiradas en las cunetas. También parece como si SKOL financiase la recogida de la aceituna, a tenor de la cantidad de latas de esa cerveza que hay tiradas por todos los olivares).

El cerrillo de la Sepultura, una escombrera. Parque Natural de Segura, Cazorla y Las Villas

RECURRO A ESTE MEDIO PARA VER SI NOS HACEMOS OIR. Los demás sistemas (cartas, mails, no son tenidos en cuenta ni contestados de forma efectiva por la Junta de Andalucía; sólo, si hay suerte, con la típica fórmula de acuse de recibo). Y, además, no hacen casi nada para resolver los problemas de limpieza de carreteras, entre ellas la A 317, obras ilegales y barracones, escombros, plásticos, etc.

El Parque Natural de las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas, en la provincia andaluza de Jaén, creado en 1986, es el más extenso de España, 214.000 hectáreas.

 Su administración depende de la Junta de Andalucía, que se relaciona fundamentalmente con las autoridades locales con ninguna o poquísima participación de los ciudadanos, que somos espectadores pasivos.

 Las medidas establecidas en el Parque han evitado que se convierta en una masa de urbanizaciones, de chalets y ha protegido, efectivamente, la naturaleza. Pero también ha dejado que se construyan charnaques, naves, cocheras, en pleno campo, con pésimo gusto, con el pretexto de que son provisionales. Y ahí llevan un cuarto de siglo. Suelen estar rodeados de aperos oxidados, planchas viejas de uralita, y demás trastos.

 Los servicios de basura municipales existen, algo que hace veinte años era casi insólito. Se han hecho, pero a medias, dejándolas sin terminar, canalizaciones de aguas residuales. Cuando hubo dinero no se terminó y ahora las aguas no son recicladas.

 Endesa, la antigua compañía Sevillana de Electricidad, campa por sus respetos instalando torres metálicas donde le place y le resulta más barato, sin ninguna consideración al paisaje. Eso, sí su Fundación cultural presume  de firmar convenios y proteger el medio ambiente. ¿Dónde?

 Telefónica no ha enterrado ni un solo cable y las fachadas de las casas soportan esa servidumbre fea, negra y mal mantenida (muchos cables están sueltos, descolgados, etc). Y, a pesar de que la cumbre de El Yelmo (1808 mts) está  destrozada de antenas, no nos llega bien internet ni teléfono en muchos lugares. Igualmente, se podría decir de la muy publicitada y presuntuosa Fundación Telefónica. Menos presumir y más prestar servicios.

 Y la Junta de Andalucía, cuando se le dirigen cartas o reclamaciones, o no contesta o le echa la culpa a terceros (si contesta). Hace mucho desistí de enviar más cartas.

 Pero, por muestra, observemos el depósito de escombros y basura en el Cerrillo de la Sepultura (o cerrillo de la Tinada Nueva), en el kilómetro 7 de la A 317, a la altura de la cortijada del mismo nombre. Nadie lo limpia y se acumulan restos de obras, sillas de plástico, objetos no reciclables, uralitas, etc. Entre otros, los restos de instalar un poste eléctrico de Endesa que ha dejado todo tirado, como siempre.

 Las cunetas de las carreteras abundan en plásticos, latas de cerveza, sin que tampoco nadie parezca encargado de recogerlas. Medio Ambiente de la Junta dice  que están razonablemente bien. Cuestión de criterios.

Bordes de la A 317

 La educación cívica falta, es obvio, pero también los servicios públicos de vigilancia y de limpieza. No es eso lo que debería esperarse de una zona que es reserva de la biosfera desde 1983.

(como hay fotos para dar y tomar, este reportaje continuará, desgraciadamente…)